“Estamos viendo una miopía extrema de parte de todo el espectro político”
Bitrán -Ingeniero
Civil de la Universidad de Chile y PhD en Economía de la Universidad de Boston,
ex Ministro de Obras Públicas y Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, quien actualmente
se desempeña como profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y Director del Think
Tank “Espacio Público”- es más crítico que hace un año y medio, y -como nos
comenta- habiendo trabajado activamente durante la pandemia, cree que el
escenario próximo se muestra complicado a causa de profundización de la crisis institucional que afecta a Chile.
“Era clave en un
momento inicial, en la primera ola, el haber tenido un esquema de confinamiento
más estricto y apoyos financieros a las familias más amplios, de tal manera de
evitar el rápido crecimiento de los contagios. La primera etapa del COVID en
Chile tuvo tasas de mortalidad bastante altas, y hubo un período en que éramos
uno de los países con mayores tasas de letalidad a nivel global. Y ese fue un
problema. Lo que nosotros sí hicimos muy bien como país fue enfrentar un
exitoso proceso de vacunación, lo que nos puso en el liderazgo a nivel mundial.
Sin embargo, el no haber contado con las ayudas económicas necesarias en ese
primer momento generó un cuadro político complejo, de mucha crítica en el
sentido de que el gobierno había sido
excesivamente restrictivo en las ayudas. Y eso dio pie a que se generaran los
acuerdos que conocemos, como el IFE, que son
sin foco en los que lo necesitan, de alto costo fiscal y extemporáneos”.
Por estas
razones, el economista es claro en apuntar al error de “la extensión de
septiembre a diciembre de 2021 del IFE, en momentos en que la actividad
económica está al mismo nivel que pre-estallido social, con una recuperación
sustantiva en el empleo, salvo por la brecha para las mujeres, ya que esta
pandemia ha tenido un efecto diferencial de mayores costos en las mujeres,
porque son ellas las que llevan la carga del hogar y el cuidado de los hijos,
por lo que se ha generado un deterioro muy importante en su participación en la
fuerza de trabajo. No tenía sentido un subsidio tan amplio, a un 90% del
registro social de hogares, donde en
términos de costos fiscales estamos encaminados a un aumento del gasto público de
un 27% respecto del año anterior . Por otro lado, el déficit es probable que se
acerque al 9% del PIB y no tenemos precedentes de un déficit de esa magnitud. Y
el problema es que se le deja al próximo gobierno una situación extremadamente
compleja, porque va a ser muy difícil el desmantelamiento de estos subsidios”.
“Esto es como una
droga para la sociedad, se produce adicción”, se lamenta. “A esto se suma la
barbaridad de los retiros de los fondos de pensiones, más allá de lo que uno
pueda opinar sobre cuál debe ser el sistema, si AFP, otro sistema de
capitalización más centralizado o de reparto. Cualquier sistema requiere
ahorrar como sociedad, para el momento en que la población envejece y aumenta
el número de adultos mayores. Esto significa, desde el punto de vista fiscal de
largo plazo, una situación extremadamente complicada. Y lo estamos viendo ahora
con el envío de este proyecto para evitar un cuarto retiro el componente de reparto aumenta y esto hay
que financiarlo para una gran cantidad de gente que no va a tener fondos, o muy
pocos fondos. Por lo tanto, el que va a tener poner estos recursos va a ser el
Estado”.
¿Qué es lo
que, en su opinión, explica el estado actual de la situación?
-Hay, de alguna
manera, una profundización de la crisis
institucional, que se refleja en un populismo demagógico que no habíamos visto nunca en la historia
reciente de Chile, en el sentido de gastar incluso las platas que son de otros
o de futuras generaciones para conseguir unos pocos votos. Lo que está
ocurriendo es que los partidos políticos han perdido toda capacidad de
conducción de sus propios parlamentarios, el Gobierno es débil y tampoco tiene
capacidad de conducción de su propio sector. Son solo individualidades viendo cómo ganan
votos para la próxima elección y haciendo ofertones que son una muy mala
política pública, sin una mínima coherencia temporal, dado el evidente efecto adverso futuro de
estas políticas públicas. Esta es la
expresión de una crisis mucho mayor que está viviendo el país y que tiene que
ver con la desconfianza que se empieza a generar hace años en las
instituciones, y que se alimenta con los casos de corrupción, con el
financiamiento ilegal de la política y con los problemas de abuso por colusión,
entre otros. Ese es el tema de fondo, que efectivamente puede tener efectos
económicos, debido a la incertidumbre que produce y así caemos en un círculo vicioso, en que no
hay crecimiento, se resiente el empleo y la recaudación fiscal, que harán má
difícil abordar los problemas sociales y ambientales a
futuro, y deriva en que la cohesión social se vea afectada. Entonces, mi visión
es de preocupación por esta crisis institucional, que en realidad tiene muchos
responsables y muchas condiciones que la fueron exaserbando.
¿Cree que a
medida que nos acerquemos a las elecciones esta política de traspaso de fondos
por votos, ya sean fondos fiscales o de los mismos fondos de pensiones de los
ciudadanos, se incremente?
-En la Cámara de
Diputados, no hay ninguna duda. Mi única esperanza es que la institucionalidad
del Senado -que tiene estos senadores que duran ocho años o algunos que cumplen su período y no se
reeligen- podría ponerle un freno al cuarto retiro. Esa sería una buena noticia
para el país. También fue una buena noticia que no se aprobara la rebaja del
impuesto al diésel, que habría sido una barbaridad en medio de una situación en
que la crisis climática, que -como hemos visto según el informe del IPCC- es
mucho más grave. Los últimos estudios indican que estamos encaminados a un
aumento de 2.7 grados en la temperatura del planeta. Y eso está mucho más allá
de los 1.5 grados que planteó el acuerdo de París, y nadie sabe cuáles van a
ser las consecuencias de aquello. Chile tiene compromisos en ese ámbito y eso
implica costos, fiscales y de apoyo a la innovación. Entonces, lo que estamos
viendo es una miopía extrema de parte de todo el espectro político.
Eduardo,
¿cuál es el desafío que tendrá que enfrentar el próximo Gobierno, entendiendo
que también que va a tener que lidiar con la expectativa que ha levantado el
proceso constitucional y que implica enfrentar una serie de políticas públicas
sociales que también implican un mayor gasto público?
-La Constitución es el marco jurídico más amplio de
funcionamiento de la sociedad, debe reflejar cuál es el conjunto de derechos y
deberes que se consideran fundamentales para la sociedad, considerando también
a las futuras generaciones. También establece orientaciones para la acción
pública y las leyes, y no sustituye el rol que cumplen el parlamento y los
gobiernos de impulsar leyes que definen los beneficios y servicios que debe
otorgar el Estado a los ciudadanos. No obstante, existe la expectativa, de que
la Constitución debería definir aspectos
de política pública que les corresponde
al gobierno y el congreso a través de leyes.
El gobierno que
venga, además, va a enfrentar una situación fiscal extraordinariamente
complicada. Como Chile tuvo un período muy largo de mucha responsabilidad
fiscal, todavía hay un margen de acción. Pero a medida que siga aumentando el
endeudamiento, lo que va a ocurrir es que las tasas de interés van a aumentar
fuertemente, es posible que haya dificultades para controlar -como ya lo
estamos viendo- la inflación, y -por tanto- va a tener que ser extremadamente
cauto. Lo que va a tener que hacer el próximo gobierno es una reforma tributaria,
con mucho cuidado para no afectar el crecimiento, se debería enfocar en eliminar exenciones y reducir la elusión,
modificar el impuesto específico a la minería y gravar las emisiones.
Chile viene con má de una década con caidas de
productividad y un crecimiento de
tendencia muy bajo. En ese contexto, el ingreso per cápita no aumentaría, y si
eso pasa, la posibilidad de ir satisfaciendo crecientes necesidades y
expectativas de más bienes públicos se ve dificultada. Entonces, cualquiera que
sea el gobierno que venga, va a tener un panorama complicado, de crecientes
demandas, de expectativas insatisfechas y de recursos fiscales que la pandemia,
y -sobre todo por el manejo en la segunda parte de la pandemia- ha disminuido
el espacio de manejo fiscal que se va a tener.
No obstante,
Chile tiene ciertos ámbitos de ventaja en el contexto actual que hay que tomar
en consideración. Luego del informe del IPCC de cambio climático, sabemos que
se va a fortalecer la acción climática.
Y nuestro país produce minerales y otros bienes que son fundamentales para las
industrias que permiten enfrentar el cambio climático, como la electromovilidad
y las energías renovables. Por otro lado, tenemos energías renovables que nos
ubican como líderes mundiales, sobre todo en lo que se refiere a energía solar,
y eso nos genera una oportunidad de hacer una transformación productiva verde que
mejore el posicionamiento exportador a largo plazo.
¿Cómo nos
podría afectar lo que está ocurriendo en China, particularmente con la quiebra
de la empresa inmobiliaria Evergrande?
-Es un factor de
riesgo adicional. Evergrande tiene una deuda de 300 mil millones
de dólares, equivalentes al PIB de Chile. La empresa estuvo en un juego de
endeudamiento excesivo para expandir sus negocios inmobiliarios, que sin duda
va a tener efectos en Chile. China es gran consumidor del cobre que produce Chile
y esto ya se está manifestando en una caída de precio de este metal. Eso tiene
impactos fiscales que son relevantes para Chile. No sabemos cuán sistémica
puede ser esa crisis, si es solo Evergrande o es una crisis de la industria
inmobiliaria china, porque el tema de la expansión del crédito ha sido una
política en esepaís desde hace varios años, y se acentuó durante la pandemia. O
puede ser una situación acotada, de mal manejo de una propia empresa. No lo
sabemos precisamente. Lo que parece claro es que el Gobierno Chino no irá al
rescate.
